jueves, 7 de agosto de 2008

PETRONOR GUREA

El Correo, Sábado 19 de abril de 2008 TRIBUNA

Petronor gurea (Jose Manuel de la Sen Larrea Consejero Delegado de Petronor)


Hace ya 40 años que se decidió la instalación de la refinería de Petronor en Muskiz. Una instalación industrial de extraordinaria relevancia para la economía de Muskiz, Bizkaia y Euskadi. Una instalación que, como no podía ser de otra forma, ha contado en todo momento con las necesarias autorizaciones de las correspondientes instancias competentes. Una instalación que, en constantes y sucesivas renovaciones, ha sabido mantener los baremos de desarrollo tecnológico, competitividad en el mercado y estricto cumplimiento medioambiental. Hasta que, con ocasión del proyecto de URF (Unidad de Reducción de Fuelóleo), vulgarmente llamada “planta de coque”, parece haberse destapado la caja de los truenos.
Durante los últimos cuatro meses Petronor ha mantenido un prudente silencio, no porque no tuviera datos y argumentos suficientes para desarmar el cúmulo de acusaciones tan desacertadas como irresponsables, sino porque, en cumplimiento de las directivas europeas, sus actuales instalaciones han estado siendo examinadas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y el examen que la refinería debe superar no es el que pretenden de forma alarmista determinadas plataformas –que incluso se arrogan el papel de intérpretes y garantes de la propia legislación-, sino el planteado de manera oficial por la Administración autonómica competente, que no por más silenciosa es menos rigurosa en la exigencia de hacer cumplir el espíritu y la letra de la ley.
A partir de la Autorización Ambiental Integrada que el Departamento de Medio Ambiente decidirá antes del próximo día 30, Petronor confía en poder demostrar no sólo que cumple con todas las obligaciones que le exige la legislación vigente sino que, además, tiene libremente adquiridos unos compromisos medioambientales mucho más estrictos y restrictivos que cuantos establece la normativa europea.
Una vez superada la “prueba del algodón” legal e institucional, será entonces el momento de demostrar ante la opinión pública que Petronor ha contado desde sus inicios, en 1968, así como en sus sucesivas ampliaciones con las autorizaciones y permisos exigidos en cada momento por la legislación en vigor: Obviamente, Petronor tiene todos los papeles en regla, por mucho que sorprenda que, sin que nadie se los haya siquiera solicitado, no falte quien desde la mayor impunidad se permita negar su existencia sin más coartada que una supuesta libertad de expresión mal entendida.
Efectivamente, los vecinos de Muskiz deben saber que Petronor tiene todos los papeles en regla, como obviamente no podía ser de otra forma, no en vano el Ayuntamiento de Muskiz ha percibido de Petronor los tributos legalmente establecidos por las actividades y las unidades a que se refieren las licencias otorgadas por la propia Corporación municipal, y que, en los últimos diez años, le han supuesto ingresos del orden de 8.700.000 euros en concepto de Impuesto de Actividades Económicas por refino y cogeneración eléctrica, y 7.000.000 de euros por Impuesto de Bienes Inmuebles.
Asimismo, todas y cada una de estas licencias de actividad autorizadas han venido precedidas por las correspondientes licencias de obra municipal, por las que el Ayuntamiento de Muskiz ha recaudado puntualmente el 5% del total presupuestado por obras realizadas, según lo establece la propia ordenanza municipal en cuanto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
A título orientativo, en 2007 la aportación de Petronor a las arcas municipales por todos los conceptos (Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto de Bienes Inmuebles, Vehículos e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) fue de aproximadamente 3 millones de euros. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Muskiz fue, en ese mismo período, de 12 millones de euros. Es decir, Petronor aportó el 25% del presupuesto total Lo que es lo mismo que decir que cada cuatro años Petronor aporta todo el presupuesto anual del municipio de Muskiz.
Pero estas cifras, con ser muy importantes para un municipio de 7.000 habitantes, quedan muy alejadas de la contribución anual de Petronor a la Hacienda foral. Quizá es hora de que el conjunto de la sociedad vizcaína conozca que la aportación anual de Petronor a la Diputación Foral de Bizkaia es del orden de 500 millones de euros anuales, lo que, probablemente, y mientras nadie diga lo contrario, la convierte con diferencia en la mayor contribuyente de Bizkaia. Por si todo ello fuera poco, Petronor es el cliente generador del 42% de todo el tráfico del Puerto de Bilbao.

Pero Petronor no es sólo pasado y presente de la economía de Muskiz, Bizkaia y Euskadi. Quiere ser también futuro y, en este sentido, tiene solicitada la autorización para la puesta en marcha de las nuevas Unidades para Reducir la producción de Fuel-oil (URF). Se trata de una inversión estratégica, necesaria para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y garantizar así la futura actividad de la empresa, además de reducir la generación de residuos en un 80%.
Las nuevas unidades, ubicadas dentro del recinto actual de la propia refinería, estarán previsiblemente en marcha a finales de 20010. Durante la fase de ejecución de obras se llegará a ocupar hasta 2.500 personas y, una vez entre en funcionamiento, a 1.680 operarios más, a añadir a las 6.200 personas que –entre personal propio, contratado e inducido- viene ocupando actualmente.
Este proceso de renovación se está dando en todo el sector mundial. Sólo en el Estado español se están construyendo cuatro nuevas unidades similares, y otro tanto ocurre en los países más comprometidos con el medio ambiente como Alemania, Canadá y Reino Unido. Todas ellas incorporarán las tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente y en ningún caso se iniciará su construcción sin antes haber superado el pertinente Estudio de Impacto Ambiental.
La inversión total contemplada es de 752 millones de euros, lo que la convierte en la mayor inversión realizada hasta la fecha en el País Vasco por parte de una empresa privada.

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