martes, 24 de noviembre de 2009

EL AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ PIDE UN MILLON DE EUROS COMO FIANZA A LA COORDINADORA ANTI-COKE SI SE SUSPENDEN CAUTELARMENTE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE COKE

Nota de prensa de la Coordinadora Anti-Coke
A lo largo de estos dos años el Alcalde de Muskiz ha ido rompiendo una por una sus promesas electorales, ha ido amoldándose a los intereses más corruptos. Quizás el comienzo del declive hay que situarlo en la primera y gran concesión: las licencias de actividad y de obras para la planta de coke. Esperaremos a que las sentencias judiciales aclaren la situación. Desde ese momento la vida municipal se ha ido deteriorando a todos los niveles. Petronor vuelve a marcar los movimientos de este Ayuntamiento, volvemos a ver a nuestra Corporación Municipal pegada a la empresa. Petronor sigue utilizando ilegalmente el almacén que tiene junto al polideportivo, recurriendo una a una todas las multas impuestas (de 600 € por mes, un “alquiler barato”), la última en diciembre, ¿tendrán el valor de hacer cumplir la ley y desalojar el almacén? Con la trayectoria actual, mirarán para otro lado, pondrán disculpas, olvidarán plazos.

La Coordinadora anti-coke sigue poniéndoselo difícil a Petronor. En este momento se están formalizando las demandas contra la Planta de coke ( contra la AAI y las licencias municipales), el proceso judicial tiene sus tiempos y las obras prosiguen dentro de la refinería. Solicitamos la paralización de las obras cuando se procedió al traslado de los hornos (los cohetes), estamos a la espera de la resolución judicial.

En este proceso, el juzgado ha solicitado el pronunciamiento al ayuntamiento. ¿Qué ha contestado? Que se opone a la suspensión cautelar y de concederla en su caso se fije una fianza de UN MILLON DE EUROS y que no se lleve a cabo dicha paralización mientras no se pague (Junta de Gobierno del 17-11-09, por 3 votos a favor y 1 en contra). Es una manera de impedir que se ejecuten sentencias judiciales.

Esa fianza se la debería pedir a Petronor por los daños que ocasiona su actividad en nuestra salud y calidad de vida (la AAI fija una fianza a la actividad de la refinería de 50.000€) y no a los vecinos y a las vecinas que únicamente pretendemos evitar un mal mayor ante la posibilidad de encontrarnos con una instalación ya hecha en el momento de la resolución de los juicios, en el caso de sernos favorables obligaría a un desmantelamiento industrial.

No hay precedentes en el Estado Español de un ayuntamiento que fije una fianza semejante para proteger los intereses de una empresa privada frente la ciudadanía o asociaciones ecologistas, lo normal es que sea la propia empresa la que así lo solicite. Probablemente ahora la empresa se anime a pedirnos unos cuantos millones más.