El juez anula las licencias de obra y actividad otorgadas por Muskiz para la planta de coque
Los ecologistas valoran el fallo obtenido en la vía contenciosa como «una victoria en un largo camino judicial»
:: JOSU GARCÍA
BILBAO. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao ha anulado las licencias de actividad y obra concedidas por el Ayuntamiento de Muskiz a Petronor para la construcción de la planta de coque y la central de cogeneración, según ha podido saber EL CORREO. El fallo, que es recurrible, deja en una situación jurídica muy comprometida ambos proyectos, en los que la empresa de carburantes ha invertido más de 800 millones de euros.
La resolución firmada por el magistrado Fernando Goizueta supone un serio revés tanto para la compañía como para el Consistorio y es interpretada de forma muy positiva por los grupos ecologistas que se oponen a la iniciativa. Fuentes cercanas a la Coordinadora anti-coke lo calificaron ayer como «una victoria», aunque instaron a «seguir trabajando porque el camino jurídico emprendido» para tratar de abortar el plan será «largo». La asociación hará hoy una valoración más sosegada y profunda de la sentencia, que salió ayer mismo de la sede judicial para ser notificada a las partes.
La resolución del Juzgado declara al margen del derecho las cuatro autorizaciones que el Ayuntamiento de la localidad minera otorgó el 10 de febrero de 2009 a Petronor para poder iniciar los complejos trabajos de construcción de la planta de coque y la central de cogeneración. El magistrado falla a favor de la asociación Meatzaldea Bizirik, como ya hiciera hace dos años con las licencias otorgadas por el municipio de Abanto. El nuevo proyecto de la firma de petróleos ocupará terrenos en ambas localidades.
Visto bueno acelerado
En esencia, los razonamientos jurídicos empleados por el juez Goizueta son básicamente los mismos que utilizó entonces. Las autoridades locales concedieron el visto bueno a las nuevas instalaciones antes de que la refinería cumpliese los requisitos legales marcados por el Gobierno vasco para hacer efectiva su Autorización Ambiental Integrada (AAI), que establecía una serie de medidas correctoras para intentar mitigar el impacto medioambiental del complejo petroquímico.
Constata el juez que entre la concesión de la AAI y de las cuatro licencias de actividad y obra no pasaron ni siquiera los seis meses que el Ejecutivo autonómico dio a la compañía para adaptarse a la nueva situación legal. Entre las peticiones que el órgano ambiental exigía se encontraban «la presentación de un plan de mejora del rendimiento de las plantas de recuperación de azufre, la elaboración de un proyecto completo sobre la potenciación del tratamiento de aguas para mejorar su recuperación o la confección de un inventario de los puntos de las instalaciones susceptibles de producir malos olores».
Las licencias se impugnan, además, por otro motivo esgrimido por los ecologistas. Meatzalde Bizirik llamó la atención sobre el hecho de que en la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada no se elaboraron informes de Costas y parte de la refinería se encuentra ubicada en terrenos de dominio público marítimo. Este argumento es admitido por el juez e implica a otra Administración, la estatal, por lo que parece complicar aún más el delicado asunto. Habrá que ver ahora qué posición adoptan las autoridades municipales -la localidad está gobernada por el PNV- y también la compañía. La Coordinadora anti-coke ha conseguido un respaldo importante en la comarca en su lucha «por defender el derecho a la salud de los vecinos».
La resolución firmada por el magistrado Fernando Goizueta supone un serio revés tanto para la compañía como para el Consistorio y es interpretada de forma muy positiva por los grupos ecologistas que se oponen a la iniciativa. Fuentes cercanas a la Coordinadora anti-coke lo calificaron ayer como «una victoria», aunque instaron a «seguir trabajando porque el camino jurídico emprendido» para tratar de abortar el plan será «largo». La asociación hará hoy una valoración más sosegada y profunda de la sentencia, que salió ayer mismo de la sede judicial para ser notificada a las partes.
La resolución del Juzgado declara al margen del derecho las cuatro autorizaciones que el Ayuntamiento de la localidad minera otorgó el 10 de febrero de 2009 a Petronor para poder iniciar los complejos trabajos de construcción de la planta de coque y la central de cogeneración. El magistrado falla a favor de la asociación Meatzaldea Bizirik, como ya hiciera hace dos años con las licencias otorgadas por el municipio de Abanto. El nuevo proyecto de la firma de petróleos ocupará terrenos en ambas localidades.
Visto bueno acelerado
En esencia, los razonamientos jurídicos empleados por el juez Goizueta son básicamente los mismos que utilizó entonces. Las autoridades locales concedieron el visto bueno a las nuevas instalaciones antes de que la refinería cumpliese los requisitos legales marcados por el Gobierno vasco para hacer efectiva su Autorización Ambiental Integrada (AAI), que establecía una serie de medidas correctoras para intentar mitigar el impacto medioambiental del complejo petroquímico.
Constata el juez que entre la concesión de la AAI y de las cuatro licencias de actividad y obra no pasaron ni siquiera los seis meses que el Ejecutivo autonómico dio a la compañía para adaptarse a la nueva situación legal. Entre las peticiones que el órgano ambiental exigía se encontraban «la presentación de un plan de mejora del rendimiento de las plantas de recuperación de azufre, la elaboración de un proyecto completo sobre la potenciación del tratamiento de aguas para mejorar su recuperación o la confección de un inventario de los puntos de las instalaciones susceptibles de producir malos olores».
Las licencias se impugnan, además, por otro motivo esgrimido por los ecologistas. Meatzalde Bizirik llamó la atención sobre el hecho de que en la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada no se elaboraron informes de Costas y parte de la refinería se encuentra ubicada en terrenos de dominio público marítimo. Este argumento es admitido por el juez e implica a otra Administración, la estatal, por lo que parece complicar aún más el delicado asunto. Habrá que ver ahora qué posición adoptan las autoridades municipales -la localidad está gobernada por el PNV- y también la compañía. La Coordinadora anti-coke ha conseguido un respaldo importante en la comarca en su lucha «por defender el derecho a la salud de los vecinos».
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