La Coordinadora Anticoke, a través, en unos casos de Meatzaldea Bizirik Ekologista Taldea, y en otros trabajando con la valiosa cooperación de la asociación IZATE, ha iniciado cuatro procedimientos contenciosos administrativos contra las autorizaciones que el Gobierno Vasco ha concedido para la "legalización" de la Refinería de Petronor y para la instalación del Horno de Coque, y también contra las licencias concedidas por los Ayuntamientos de Muskiz y Abanto. Los dos primeros se están tramitando en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los dos segundos en el Juzgado Contencioso numero 4 de Bilbao.
Además hemos iniciado una Queja ante la Comisión Europea que ya tiene su tramitación avanzada y que ha obligado al Gobierno Vasco a ofrecer explicaciones a los servicios jurídicos de la Comisión por estas autorizaciones. También hemos iniciado otra Queja ante el Banco Europeo de Inversiones, en protesta por el préstamo concedido a Petronor, puesto que los fondos comunitarios solo pueden entregarse a empresas que cumplan con la legislación, así que el futuro de esta segunda Queja dependerá del de la primera.
Por ultimo, la Coordinadora esta presente, a través de la persona de uno de sus miembros, en la impugnación de los tendidos eléctricos que suministrarán energía a Petronor, y que se encuentra ya en el Tribunal Supremo.
En todos estos pleitos hemos actuado desde la consideración de que nuestra función es poner de manifiesto la perdida de calidad de ambiental para los vecinos como consecuencia tanto de la existencia de la Refinería, como de su prevista ampliación, y además, hacer aflorar las innumerables irregularidades legales que se han producido en los procedimientos de autorización. Entre ellos el hecho de que Petronor, no ha contado nunca con las preceptivas licencias para su actividad, aprovechándose tanto de la situación legal y política de la década de los sesenta y setenta, cuando inicio su actividad, como de las pugnas sobre competencias entre Madrid y el Gobierno Vasco.
Posteriormente, nunca ha acreditado adecuadamente el cumplimiento de los insuficientes requisitos que se le fueron imponiendo. A esta fecha, y por poner un ejemplo, Petronor carece aun de mediciones en continuo y reales de las emisiones atmosféricas de sus focos emisores (chimeneas y antorchas). Por decirlo de otro modo, no sabemos en realidad lo que emite.
También estamos destacando, en todas las ocasiones en que nos es posible, el desprecio que se ha ejercido sobre la salud de la población pese a que considerarla y atenderla, es parte obligada de cualquier autorización o licencia de esta envergadura.
Voluntariamente, hemos renunciado a entrar en una dinámica de "búsqueda de pruebas" que nos haría entrar en un debate técnico, que entendemos no es el plano que nos corresponde ni en el que nos debemos mover. Son las administraciones publicas, a través de su actuación, quienes deben respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y deben poder justificar en todo momento y sin lugar a dudas que sus resoluciones se ajustan a la Ley.
Contamos con muchos obstáculos en esta tarea, pero hay que señalar la nueva dificultad, con la no contábamos al iniciar los pleitos, de la actitud en los Tribunales de los abogados del Ayuntamiento de Muskiz que están yendo en ocasiones mas lejos que la propia Petronor, en defensa del Horno de Coque.
En materia de derechos humanos, como al fin son los casos ambientales, no hay mas caso perdido que el que no se inicia, o el que se abandona. En consecuencia, por desigual que parezca la batalla, o por larga que sea (somos conscientes de que en materia de pleitos, estamos al principio), pensamos hacer lo preciso, durante el tiempo que sea necesario, para que los Tribunales tengan la oportunidad de hacer Justicia, por fin, con los ciudadanos y ciudadanas de la zona minera y con las marismas del Barbadun, y todos los demás seres vivos que las pueblan.
Cristina Álvarez Baquerizo, Abogada de la Coordinadora Anti-Coke
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